La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este miércoles un «fraude paritario» luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una audiencia para discutir salarios sin presentar ninguna oferta formal. El encuentro se realizó a pocos días del cierre del período paritario anual, pero quedó en suspenso tras pasar a un cuarto intermedio sin nueva fecha fijada.
ATE reclamó un salario mínimo de $1.819.121 para igualar el costo de la canasta básica total y alimentaria para una familia tipo, según una estimación elaborada por los trabajadores del Indec. Sin embargo, no hubo contraoferta por parte del Ejecutivo, que mantiene una postura de topes salariales del 1% mensual, en línea con los objetivos fiscales fijados por el Ministerio de Economía.
Desde el gremio advirtieron que los salarios en la Administración Pública Nacional crecieron un 20,8% entre junio 2024 y abril 2025, mientras que la inflación acumulada fue de 41,4%, según el IPC. “El nuevo período paritario 2025-2026 comienza sin aumento, lo que profundiza la pérdida del poder adquisitivo”, denunció la organización sindical.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno al sostener que “la paritaria estatal se ha transformado en un fraude” y que el Ejecutivo vulnera el convenio 154 de la OIT, que garantiza el derecho a la negociación colectiva. “Milei está destruyendo el diálogo social en la Argentina. La pérdida del poder adquisitivo llegó al límite”, sostuvo.
Además, advirtió que se agravará el conflicto en el sector público y que ATE definirá en los próximos días un nuevo plan de lucha, en rechazo a las cesantías, los intentos de restringir el derecho a huelga y la disolución de organismos estatales.
El pedido de ATE se basa en un estudio interno que indica que, para cubrir necesidades básicas, una familia tipo necesita $1.819.121, monto compuesto por $630.974 en alimentos y $1.188.147 en bienes y servicios básicos. “Ese es el ingreso mínimo, ni siquiera el deseable”, remarcaron.
En este contexto, la falta de definiciones oficiales y la política de ajuste salarial del Gobierno podrían intensificar la conflictividad sindical en la antesala de un invierno signado por el malestar económico y la tensión social.